Leo que la Agència Catalana de Consum ha impuesto una
multa de dos millones de euros a Renfe por no informar de los precios de los billetes, después de advertencias previas. Esta semana también hemos leído que
la Guardia Civil registra oficinas de Adif en Barcelona y Madrid y que
dos altos cargos de Adif repiten detención. Y hace unas semanas más, leíamos que
Adif se olvida de Cataluña a la hora de cumplir el presupuesto y sólo ejecuta el 26% de lo que había previsto. Por
no hablar de las huelgas reales y encubiertas, que se juntan con unas
disfunciones horarias motivadas por la falta de inversiones que hacen
complicadísimo confiar en los trenes españoles que operan aún hoy en
territorio catalán.
No deja de ser una gota más
en las sensaciones que usuarios y ciudadanía en general podemos sentir
contra este negocio, que se hace llamar compañía pero que parece
gestionada como un chiringuito. El problema es que presta
un servicio público y su privatización no ha facilitado ni que deje de
tener una cultura corporativa propia del antiguo régimen.
Todo esto me ha hecho pensar que pedí una factura en Renfe en fecha de 16 de abril, hace dos meses y medio, de billetes comprados no en línea. Y no he recibido nada. Como ya imaginaba que hacer una factura legal sería algo complicado, lo escribí en este blog:
[
ca]
Demanar una factura a Renfe
[
es]
Pedir una factura a Renfe
En aquella reflexión concluía: "
... he enviado ahora
mismo un correo a este buzón pidiendo la factura. ¡Qué alegría que tendré
si soy tan afortunado de recibir mi factura! [...] a ver, a ver...".
Pues eso, a ver, a ver si ahora me responden, y sino tendremos que ir a la Agència Catalana de Consum. La
única multa útil en términos de bien común e interés general sería una
multa tal que nunca más pudieran levantar la cabeza y que supusiera su
extinción como chiringuito de prestación simulada de servicios públicos.
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